Nota: 05-oct-2009. El Consejo de Rectores accede a petición de adelantar entrega de resultados de la PSU del 23 al 21 de diciembre. Agradecemos a todos los que enviaron sus correos y nos apoyaron en esta petición.

1-oct-2009. Carta de Muévete Chile publicada en La Tercera.

29-sep-2009. La decisión del Consejo de Rectores, que publicará los resultados de la PSU en plena época de Navidad, afecta más allá de lo propiamente religioso y familiar. También viola la libertad de conciencia por cuanto obliga a los jóvenes de regiones a permanecer en sus zonas evitando que postulen a otras universidades que no sean las propiamente regionales. La excusa de que las regiones pierden porque los jóvenes optan por mejores posibilidades es echarle la culpa al “empedrado”, pues si una Universidad regional no ofrece calidad y los jóvenes así lo estiman, ellos tienen pleno derecho a elegir donde estudiar y se les debe facilitar y respetar su derecho a decidir.

Año tras año hay familias que deben correr para matricular a sus hijos en Universidades privadas, y hay trabajadores de Universidades particulares que deben sufrir las consecuencias de un calendario que no considera fechas tan relevantes como lo son la Navidad y la celebración de año nuevo. Las autoridades competentes tienen la facultad de modificar las fechas, sólo se necesita voluntad política para hacerlo.

Envía un mail pidiendo a las autoridades un poco de voluntad política para cambiar estas fechas.

(el formulario de envío de mail ya ha sido deshabilitado)

Las fecha inicial para entregar los resultados de la PSU era el 23 de diciembre.

Más sobre el Consejo de Rectores

El Consejo de Rectores es un organismo autónomo creado en 1954 por la Ley 11.575. En dicha norma, se estableció expresamente que el Consejo estaría conformado por los Rectores de la Universidad de Chile, de Concepción, Católica de Chile, Católica de Valparaíso, Técnica Federico Santa María, Técnica del Estado y Austral. Luego  en 1984 se actualizó la nómina, incluyendo a todas las Universidades e Institutos Profesionales derivados de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado (Ley N° 18. 369 y DFL N°2). En el caso de las tres Universidades que se desgajaron de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Católica del Maule, Católica de Temuco y Universidad de la Santísima Concepción), si bien no están nombradas en la Ley, asisten como invitados permanentes del Consejo.

Por tanto el legislador, para la integración de dicho Consejo, solo ha optado por un criterio histórico, sin tomar en cuenta un criterio de orden objetivo, como lo podría ser la calidad del establecimiento o su naturaleza jurídica.

Dichas universidades son las llamadas “tradicionales” y son las que reciben el Aporte Fiscal Directo (AFD), de acuerdo a lo contemplado en el DFL N° 4 en su artículo primero al señalar “que el Estado contribuirá al financiamiento de las universidades existentes al 31 de Diciembre de 1980 y de las instituciones que de ellas se derivaren, mediante aportes fiscales cuyo monto anual y distribución se determinarán conforme a las normas del presente título”. Es decir todas aquellas Universidades que forman parte del Consejo de Rectores.

Todo esto lleva a concluir de que el AFD se distribuye en base a un criterio histórico y no de calidad. Actualmente este tipo de financiamiento es el aporte más relevante que realiza el Estado en la materia y algunas de estas Universidades tradicionales ni siquiera han logrado la acreditación.

Así como en el mundo financiero se usa el concepto de -Accountability- para exigir cuentas sobre cómo se han utilizado y qué se ha logrado con los recursos económicos, este mismo concepto aplicado a la educación -Accountability Educacional-, nos aboca a exigirle rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad por los resultados a todas las Universidades del Consejo de Rectores, que al día de hoy no se sabe cómo y en qué usan los aportes provenientes de nuestros impuestos.

Además de exigirle transparencia y cuentas claras al Consejo de Rectores, creemos que la PSU debe transparentar sus resultados académicos y económicos. Creemos que el Mineduc debe licitar esta prueba entre organizaciones independientes, no Universidad, de forma que pueda ser imparcial y que se someta a la medición en base a resultados objetivos.